El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó una condena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso conocido como “Vialidad”.
Esta sentencia, que marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, pone fin a un largo proceso judicial que expuso un esquema sistemático de desvío de fondos públicos durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Lejos de ser una persecución política, como han intentado argumentar la condenada y sus seguidores, esta decisión judicial refleja el compromiso de un país que busca justicia, transparencia y el fin de la impunidad para los poderosos que han dañado a millones de ciudadanos.
A continuación vamos a conocer los detalles de la condena, las múltiples causas penales que enfrenta Fernández de Kirchner, y desmontaremos el relato de victimización promovido por sectores interesados en proteger a una figura que ha sido señalada por graves delitos.
La condena en el caso Vialidad: Hechos concretos
La sentencia del caso Vialidad, ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de la Corte Suprema, confirma la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en un esquema fraudulento que involucró la asignación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez, un aliado cercano de los Kirchner. Según la justicia, este esquema, que operó entre 2003 y 2015, resultó en el desvío de más de 1,000 millones de dólares de fondos públicos, equivalentes a unos 70 millones de dólares al tipo de cambio actual.
El fallo establece que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner orquestaron una “cartelización organizada” que perjudicó gravemente los intereses del Estado. Báez, junto con otros exfuncionarios kirchneristas como José López, quien fue detenido en 2016 arrojando bolsos con dinero en un convento, también fueron condenados por su participación en este esquema.
La Corte Suprema, al rechazar los recursos de la defensa, cerró las vías legales en Argentina para Fernández de Kirchner, quien ahora enfrenta la posibilidad de prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), aunque debe presentarse ante la justicia en los próximos días para definir las condiciones de su detención.
Esta condena no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso judicial iniciado en 2022, cuando Fernández de Kirchner fue declarada culpable por primera vez, y confirmado en 2024 por la Cámara de Casación. La unanimidad del fallo de la Corte Suprema subraya la solidez de las pruebas, que incluyen documentación de licitaciones amañadas y transferencias irregulares a empresas de Báez, quien reciprocó los favores con negocios espurios con la familia Kirchner.
Otras causas penales: Un historial de irregularidades
Cristina Fernández de Kirchner no enfrenta únicamente el caso Vialidad. Su historial judicial incluye múltiples investigaciones por corrupción, algunas de las cuales han sido sobreseídas, otras pausadas por fueros parlamentarios, y varias aún en curso. Entre las más destacadas están:
- Causa de los Cuadernos: Fernández de Kirchner es investigada por liderar una presunta asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos. Los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno detallan pagos millonarios a funcionarios kirchneristas, aunque esta causa ha enfrentado demoras procesales.
- Hotesur y Los Sauces: Estas investigaciones apuntan a supuestas maniobras de lavado de dinero a través de empresas hoteleras de la familia Kirchner, que recibían pagos de empresarios beneficiados con contratos públicos. Aunque Fernández fue sobreseída en 2021, las acusaciones persisten en el debate público y podrían reactivarse.
- Pacto con Irán: Fernández de Kirchner fue acusada de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA (1994) mediante un memorándum con Irán. Aunque la causa fue desestimada en varias instancias, la falta de avances en la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien denunció este caso en 2015, sigue generando sospechas.
- Ruta del Dinero K: Esta causa, que involucra a Lázaro Báez y sus socios, reveló una red de lavado de dinero vinculada a los Kirchner. En mayo de 2025, la Corte Suprema confirmó condenas contra Báez y otros implicados, aunque Fernández de Kirchner logró evitar una condena directa en este caso.
Estas causas, junto con otras investigaciones menores, dibujan un patrón de abuso de poder, enriquecimiento ilícito y manipulación de recursos públicos que han dañado profundamente a Argentina. A pesar de los sobreseimientos en algunos casos, la acumulación de pruebas en el caso Vialidad y otras investigaciones sugiere que Fernández de Kirchner no es una víctima, sino una figura central en un sistema corrupto que perjudicó a millones de argentinos.
El relato de la persecución política: Una estrategia de defensa
Fernández de Kirchner y sus aliados, incluyendo el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), han promovido el relato de que su condena es un caso de “lawfare”, una persecución judicial y política destinada a proscribirla. Este discurso, respaldado por figuras como Evo Morales, Rafael Correa y el partido Podemos de España, compara su situación con la de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, quienes también enfrentaron condenas por corrupción.
Sin embargo, este argumento carece de sustento frente a las pruebas del caso Vialidad, que incluyen auditorías, testimonios y documentos que confirman el desvío de fondos. La justicia argentina ha seguido un proceso largo y riguroso, con apelaciones en múltiples instancias, lo que desmiente la idea de un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, como lo llamó Fernández de Kirchner. Su afirmación de que la condena es una venganza de “poderes económicos” o del gobierno de Javier Milei, ignora y esconde que las investigaciones comenzaron bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y continuaron bajo administraciones peronistas, como la de Alberto Fernández, lo cual indica que lleva muchos años e investigación.
El Grupo de Puebla, que reúne a líderes de izquierda de América Latina, ha denunciado la condena como un ataque a la “soberanía” y la “dignidad” del pueblo argentino. Esta narrativa busca presentar a Fernández de Kirchner como una mártir, pero omite el impacto de sus políticas y las pruebas de corrupción. Durante los gobiernos kirchneristas, Argentina enfrentó una crisis económica tras el default de 2001, y las políticas de subsidios y asistencialismo, aunque populares entre algunos sectores, no lograron resolver problemas estructurales como la inflación y la pobreza, que persisten hasta hoy, y sobre todo que llevaron al país a un empobrecimiento sin precedentes.
La justicia como pilar de un país libre
La condena de Cristina Fernández de Kirchner no es un ataque a la democracia, como sostienen sus “seguidores”, sino un triunfo del Estado de derecho. En un país libre y justo, nadie está por encima de la ley, sin importar su poder o influencia. La sentencia de la Corte Suprema envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias, y los corruptos deben rendir cuentas. El presidente Javier Milei celebró el fallo en X, afirmando: “Justicia. Fin. La República funciona”.
Los ciudadanos argentinos, cansados de décadas de impunidad, exigen justicia, trabajo y respeto por la ley. Los cánticos de los “simpatizantes” de Fernández de Kirchner frente a la sede del Partido Justicialista, donde la llaman “una fusilada que vive”, no representan la voluntad del “pueblo real”, sino a un sector minoritario que se beneficia de su liderazgo sectario. La mayoría de los argentinos, como lo expresó Leonel Fleitas, un joven de Villa Fiorito, valora las oportunidades de educación y salud públicas, pero rechaza la corrupción que ha socavado esas instituciones.
Implicaciones y el futuro de Fernández de Kirchner
La condena inhabilita a Fernández de Kirchner para competir en las elecciones legislativas de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, frustrando sus planes de un regreso político. Aunque podría cumplir su sentencia en prisión domiciliaria debido a su edad, su influencia en el peronismo sigue siendo significativa.
Sin embargo, la movilización de sus seguidores, que incluyó bloqueos de calles y ataques a medios de comunicación críticos, evidencia una resistencia desesperada que no cambia los hechos: Fernández de Kirchner fue condenada por pruebas concretas, no por su ideología.
En pocas palabras
La condena de Cristina Fernández de Kirchner es un paso crucial para restaurar la confianza en las instituciones argentinas. No se trata de una persecución política, sino de la aplicación de la ley a una figura que, junto con su entorno, saqueó los recursos del Estado en detrimento de millones de ciudadanos.
Las pruebas en el caso Vialidad son irrefutables, y las múltiples causas penales pendientes refuerzan la necesidad de que los responsables paguen por sus actos. Argentina merece un futuro donde la justicia prevalezca, donde los delincuentes, sin importar su posición, enfrenten las consecuencias de sus acciones, y donde el pueblo real —los ciudadanos que buscan trabajo, dignidad y respeto— pueda construir un país libre de la sombra de la corrupción. Cristina Fernández de Kirchner no es una mártir, sino una condenada por delitos graves, y su lugar, como el de cualquier corrupto, es rendir cuentas ante la justicia.