En un encuentro sostenido con la presidenta Claudia Sheinbaum, el empresario Carlos Slim Helú expuso una propuesta polémica pero directa: eliminar o replantear de fondo las Pensiones para el Bienestar y, en paralelo, revisar los esquemas de jubilación del IMSS e ISSSTE.
Su argumento central es que, ante el aumento de la esperanza de vida y el estancamiento económico de México, mantener a millones de adultos mayores fuera del mercado laboral mediante transferencias directas resulta insostenible y contraproducente. Slim sugiere que los retirados regresen a laborar —idealmente hasta los 75 años— y que el gasto público se redirija hacia inversión productiva, creación de empleo y formación, en lugar de subsidios permanentes.
La idea, que Slim ha reiterado en distintas intervenciones públicas a lo largo de 2025 y principios de 2026, ha reavivado el debate sobre el futuro del Estado de bienestar mexicano en un contexto de finanzas públicas presionadas y una población que envejece rápidamente.
Los argumentos de Slim: longevidad, productividad y dependencia
Según reportes de medios que han seguido las declaraciones del fundador de Grupo Carso, Slim considera que jubilarse a los 65 años ya no es viable. “El cambio es evidente: antes la gente vivía menos. Hoy la expectativa de vida supera los 75 años, y eso obliga a revisar la forma en que entendemos el trabajo y la jubilación”, ha señalado. En su visión, los esquemas tradicionales de retiro anticipado generan “dependencia del Estado” y no resuelven las causas estructurales de la pobreza.
El empresario ha puesto como ejemplo su propia experiencia empresarial: en Telmex y otras empresas del grupo, los esquemas de jubilación fueron ajustados precisamente porque mantener a decenas de miles de pensionados resultaba financieramente insostenible a largo plazo. “Lo esencial es que consigamos generar empleo y un estándar mínimo de bienestar que provenga del trabajo, y no de una ayuda regalada”, ha enfatizado en distintas ocasiones.
Slim vincula su propuesta al bajo crecimiento económico de México —un promedio de apenas 1 % anual en las últimas tres décadas— y advierte que el modelo actual de transferencias masivas concentra recursos en un solo grupo (los adultos mayores) mientras descuida otras prioridades urgentes como la pobreza extrema, la inseguridad, la educación de calidad y la infraestructura productiva. En su opinión, el gasto en pensiones no genera multiplicadores económicos significativos y limita el margen fiscal para invertir en el futuro del país.
Las Pensiones del Bienestar en 2026: cifras y alcance
El programa que Slim pone en el centro de la discusión es uno de los pilares de la política social de la Cuarta Transformación. Según datos oficiales presentados por la propia presidenta Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en 2026 las Pensiones para el Bienestar alcanzarán un padrón de aproximadamente 14 millones de adultos mayores de 65 años o más, con un apoyo bimestral de 6,400 pesos (equivalente a unos 3,200 pesos mensuales).
El monto ha venido aumentando de forma anual por encima de la inflación para proteger el poder adquisitivo. En el conjunto de los Programas para el Bienestar —que incluyen también apoyos a personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y Sembrando Vida—, el gobierno federal destinará en 2026 un presupuesto histórico cercano a un billón de pesos, beneficiando en total a 42.9 millones de personas.
Solo la partida de pensiones para adultos mayores representa una de las erogaciones más importantes del gasto social, con una inversión proyectada superior a los 660,000 millones de pesos anuales. El programa es universal (no requiere comprobación de ingresos) y se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de tarjetas bancarias o sucursales del Banco del Bienestar.
Los resultados en materia de reducción de pobreza son medibles: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las transferencias directas han contribuido de manera significativa a bajar la pobreza extrema entre la población adulta mayor en los últimos años. Sin embargo, críticos como Slim argumentan que este alivio es temporal y no construye capacidades productivas de largo plazo.
El contexto demográfico y fiscal que respalda (o cuestiona) la propuesta
México atraviesa una transición demográfica acelerada. La esperanza de vida pasó de 61 años en los años setenta a 75.5 años actualmente, según datos del INEGI y proyecciones de la ONU. Al mismo tiempo, la tasa de fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo (1.9 hijos por mujer), lo que implica que en las próximas décadas habrá menos trabajadores activos por cada adulto mayor.
Este “envejecimiento poblacional” aumenta la llamada “tasa de dependencia” y presiona las finanzas públicas. Los sistemas de pensiones contributivas (IMSS e ISSSTE) ya enfrentan déficits actuariales importantes, y el esquema no contributivo del Bienestar —financiado con recursos fiscales generales— ha crecido rápidamente. Para Slim y algunos analistas liberales, mantener este ritmo de expansión sin reformas estructurales en productividad y empleo formal terminará por asfixiar las cuentas públicas.
México tiene además uno de los mercados laborales más informales de la OCDE (alrededor del 55-57 % de la fuerza laboral), lo que significa que millones de personas llegan a la vejez sin haber cotizado lo suficiente para una pensión digna del IMSS. La Pensión del Bienestar surgió precisamente para cubrir ese vacío histórico.
Reacciones y el posicionamiento del gobierno
Hasta el momento, la administración de Claudia Sheinbaum no ha respondido de forma oficial y detallada a la propuesta específica de Slim en los términos en que fue planteada. Sin embargo, la presidenta ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso inquebrantable con los Programas para el Bienestar.
En la conferencia mañanera del 5 de enero de 2026, Sheinbaum confirmó que el presupuesto para estos programas superará el billón de pesos y que los montos de las pensiones seguirán ajustándose anualmente “por encima de la inflación”.
Analistas y legisladores de oposición han criticado duramente a Slim, señalando que resulta paradójico que el hombre más rico de México (con una fortuna estimada por Forbes en más de 100,000 millones de dólares) sugiera recortar apoyos a los sectores más vulnerables. Organizaciones de la sociedad civil y sindicatos han recordado que muchos adultos mayores en México no tienen ahorros, propiedades ni redes familiares de apoyo, y que eliminar la pensión incrementaría la pobreza y la dependencia de familiares jóvenes ya de por sí presionados.
Por otro lado, algunos economistas y empresarios coinciden con Slim en la necesidad de elevar la edad efectiva de retiro, fomentar el trabajo de los adultos mayores (muchos de los cuales desean seguir activos) y rediseñar el gasto social hacia políticas activas de empleo y capacitación. Países como España, Francia o Alemania han elevado progresivamente la edad de jubilación a 67 años o más precisamente por razones demográficas y fiscales similares.
¿Qué pasaría si se implementara la idea de Slim?
Eliminar de golpe las Pensiones del Bienestar afectaría directamente el ingreso de cerca de 14 millones de hogares, muchos de ellos en zonas rurales y marginadas donde la pensión representa el principal o único ingreso fijo. El efecto multiplicador en el consumo local sería inmediato y negativo, especialmente en estados del sur y sureste del país.
Al mismo tiempo, redirigir esos recursos hacia inversión en infraestructura, educación técnica, apoyo a mipymes y formalización del empleo podría, en el mediano plazo, generar más y mejores puestos de trabajo —incluidos para adultos mayores que deseen o necesiten seguir laborando—.
El desafío es la transición: ¿cómo se garantiza que quienes hoy dependen de la pensión encuentren oportunidades laborales dignas en un mercado que históricamente ha excluido a los mayores de 50-55 años?
Slim no ha detallado un plan de transición ni ha propuesto un esquema alternativo concreto (como pensiones mínimas universales más focalizadas o sistemas de ahorro obligatorio complementarios). Su planteamiento se mantiene en el terreno de los principios: pasar de un modelo de “ayuda regalada” a uno de “bienestar ganado con trabajo”.
El fondo del debate: ¿pensiones o productividad?
La controversia desatada por las declaraciones de Carlos Slim trasciende la figura del empresario. México enfrenta un dilema estructural: cómo financiar un Estado de bienestar digno en un país de ingresos medios-bajos, con baja productividad, alta informalidad y una demografía que ya no es tan favorable como hace veinte años.
La Pensión del Bienestar ha sido exitosa en reducir la pobreza monetaria de los adultos mayores y en inyectar liquidez a la economía popular. Pero su expansión acelerada —de menos de 3 millones de beneficiarios en 2018 a más de 14 millones en 2026— ha coincidido con un crecimiento económico mediocre y con presiones fiscales que obligan al gobierno a endeudarse o recortar otras partidas.
La propuesta de Slim abre la puerta a una discusión más amplia que México no puede seguir posponiendo: ¿cuánto puede y debe subsidiar el Estado? ¿Cómo se equilibra la solidaridad intergeneracional con la sostenibilidad fiscal? ¿De qué manera se incentiva la participación laboral de los adultos mayores sin precarizarlos? Y, sobre todo, ¿cómo se genera el crecimiento económico suficiente para que haya empleos dignos para todos, incluyendo quienes hoy tienen 60 o 70 años y quieren —o necesitan— seguir activos?
Por ahora, la pelota está en el terreno del gobierno de Sheinbaum. La presidenta ha dejado claro que los Programas para el Bienestar son “el corazón de la política social” y que no se tocarán. Slim, por su parte, ha puesto sobre la mesa una visión alternativa que, aunque controvertida, obliga a mirar de frente las restricciones demográficas y productivas que México enfrentará en la próxima década. El debate recién comienza.